Mediante adjudicaciones y reformas de leyes queda claro que no existe una política de estado para proteger los bosques en el país. Decretos, acuerdos ministeriales, reformas a leyes y reglamentos para desmembrar el patrimonio natural del país no son nuevos, en nuestra historia ecológica son recurrentes.
Políticas impulsadas por el Banco Mundial y avaladas por las diferentes carteras de estado para la adecuación legal e institucional de diversas leyes facilitan la actividad minera, petrolera y maderera en patrimonio forestal, bosques protectores y áreas protegidas. Así mediante el subterfugio de modificaciones del marco legal, la llamada Ley de Participación e Inversión Ciudadana Trole 2 aprobada a finales del 2000, pretende facilitar de diferentes formas la afectación al patrimonio natural, al dar garantías para la inversión del capital privado, transnacional y nacional para extracción de recursos naturales no renovables y renovables y otras actividades destinadas a la exportación.
De esta manera se está destruyendo y poniendo en peligro de desaparición a bienes naturales cuyo valor es inconmensurable, se pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones a cambio de abrir las puertas a operaciones efímeras y de dudoso beneficio para el país tomando en cuenta el destino de los ingresos que percibe el país por esas operaciones y los mínimos impuestos que estas actividades generan.
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